Condenaron a productor por desaparición de casi 2000 cabezas de ganado

Tras más de seis años de investigación judicial, la Justicia de Corrientes dictó sentencia condenatoria contra el productor Rómulo Augusto Bobbio por administración fraudulenta en el caso de la desaparición de 1966 bovinos pertenecientes a la empresa Landver SA. El Tribunal Oral Penal de Mercedes declaró al acusado penalmente responsable y habilitó el reclamo civil por daños, cuyo monto actualizado alcanza los US$1,7 millones.

El tribunal, integrado por Jorge Alberto Troncoso como presidente, junto a Juan Manuel Muschietti y Ramón Alberto Ríos, aceptó la teoría de la Fiscalía respecto a que Bobbio incumplió las obligaciones de guarda y comercialización de la hacienda confiada bajo contrato de consignación. En una audiencia posterior, ambas partes comenzaron a debatir la pena a imponer y la cuantificación final del resarcimiento.

La historia de los animales desaparecidos comenzó cuando Landver SA decidió vender su campo y trasladó casi 2000 cabezas de ganado al establecimiento Santa Ana del Trébol, ubicado en Curuzú Cuatiá, propiedad de Bobbio. La firma firmó un contrato de consignación con Balboa y Bobbio SRL, representada por el acusado, para que se encargara de la guarda, administración y posterior comercialización de la hacienda.

Durante años, la relación comercial se mantuvo mediante renovaciones sucesivas del contrato. Sin embargo, al vencerse el último acuerdo, Bobbio comenzó a incumplir sus obligaciones. Landver intimó en reiteradas ocasiones la restitución de los animales o el pago correspondiente, pero nunca obtuvo respuestas satisfactorias. Esa situación derivó en denuncias e inspecciones en el establecimiento rural.

Durante una primera visita al predio, representantes de Landver acompañados por escribano intentaron verificar la hacienda, pero Bobbio impidió el retiro de los animales, hecho que quedó asentado en un acta notarial. Posteriormente, allanamientos de la Unidad de Policía Rural confirmaron la magnitud del fraude: solo se hallaron siete toros con la marca de la empresa damnificada. Casi la totalidad del rodeo había desaparecido.

Los magistrados descartaron la defensa de Bobbio, quien había alegado que la operatoria comercial era simulada. El tribunal entendió que los actos previos y posteriores demostraron la existencia real del contrato y la obligación de rendir cuentas. La sentencia se basó en actas notariales, registros sanitarios, documentación de vacunación y testimonios de personal policial, vacunadores y gestores vinculados al establecimiento.

La abogada de Landver SA, Silvia Piaggio, consideró la sentencia un hito en el sector ganadero. "El Tribunal dictó un fallo ejemplar, reconociendo la responsabilidad penal y civil del procesado que defraudó a quienes le habían confiado una gran cantidad de hacienda", afirmó a LA NACION. Subrayó que la decisión también condenó al acusado a responder por los daños y perjuicios, con base en el valor actual de mercado según informes del Mercado Agroganadero de Cañuelas.

Piaggio remarcó el impacto institucional del fallo. "Fallos como este son señeros tanto por su función preventiva como resarcitoria, y constituyen un precedente que proyecta un claro mensaje disuasivo", explicó. La causa había iniciado en 2020 tras la denuncia de Landver SA a través de su apoderado, después de detectar inconsistencias en la administración de la hacienda.

Durante la investigación surgieron indicios de maniobras irregulares, entre ellas documentación presuntamente falsa vinculada a movimientos de animales y operaciones comerciales que nunca se concretaron. Antes del juicio, Bobbio intentó acceder a una probation ofreciendo una compensación económica que representaba apenas una fracción del daño. La Justicia rechazó esa salida, decisión que fue ratificada posteriormente por la Cámara de Apelaciones.

Con esta sentencia, los tribunales correntinos enviaron una señal contundente sobre la responsabilidad penal en la administración de hacienda ajena, en un sector donde la confianza comercial suele ser la base de muchas operaciones. La decisión refuerza que las maniobras fraudulentas en la actividad ganadera pueden tener consecuencias penales y patrimoniales severas.