Desalojaron un predio tomado en La Paternal: tres detenidos y subsidios habitacionales
El inmueble estaba ocupado por más de 100 personas desde 2000 y tenía sentencia firme de desalojo desde 2009.
La administración porteña ejecutó este jueves el desalojo de un predio en La Paternal que permanecía usurpado desde el año 2000. Durante el operativo se detuvo a tres personas acusadas de atentado y resistencia a la autoridad. La propiedad, ubicada entre las calles San Blas 1972 y Andrés Lamas 2097, es de propiedad particular y contaba con sentencia firme para desalojo desde 2009.
Según fuentes del Gobierno porteño, los ocupantes presentaban antecedentes penales. Algunos estaban imputados con sumarios judiciales en curso. En una primera etapa, los usurpadores impedían que se realizara una inspección del inmueble. La fiscal Nancy Aron, titular del Área de Flagrancia Este del Ministerio Público de la Ciudad, autorizó el procedimiento debido al peligro de derrumbe que presentaba la estructura.
Grupos de vecinos se concentraron en el lugar para respaldar a los ocupantes. "No hay una orden judicial. Acá hay gente discapacitada y niños", argumentaron para oponerle resistencia al operativo. Las fuerzas de seguridad cortaron la cuadra e impidieron el acceso libre a la zona.
La Guardia de Auxilio porteña llegó temprano en la mañana y, tras revisar el inmueble, determinó proceder con un desalojo administrativo. Durante la ejecución se produjeron golpes y empujones cuando una mujer que se identificó como hija de una de las ocupantes intentó ingresar y fue impedida por las fuerzas de seguridad.
El Gobierno realizó un censo en el predio para determinar con precisión cuántas personas vivían allí e identificar casos de vulnerabilidad. Como parte del procedimiento, se ofreció a los desalojados un subsidio habitacional de hasta $227.000 por persona si acredita condición de discapacidad mediante un Certificado Único de Discapacidad. Para quienes no califiquen por discapacidad, el monto es de $150.000. El subsidio se otorga por un año.
El conflicto por este predio se remonta a 1998, cuando la propietaria dejó el inmueble bajo cuidado de una mujer. Al regresar tiempo después, encontró que múltiples personas vivían en la propiedad. A partir de entonces, se sucedieron años de litigios en los que los ocupantes acumularon denuncias e imputaciones. Fuentes de la administración porteña indicaron que uno de ellos ocupaba un cargo como delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Defensores de los ocupantes cuestionaron el procedimiento. "Las personas adentro están incomunicadas, no nos dejan entrar", denunció uno de los asistentes en diálogo con medios. Otro manifestó que "los estafaron, hay familias que pagaban", refiriéndose a presuntos engaños por parte de quienes comercializaban el acceso a la propiedad como si fueran dueños legales.
