Multas a padres por amenazas de bomba en escuelas: hasta 6 millones de pesos
Santa Fe identificó a más de 70 menores responsables de falsas alarmas y cobra a sus progenitores el costo total del operativo policial.
Las falsas amenazas de bombas en establecimientos educativos obligaron a provincias como Santa Fe y Buenos Aires a implementar cobros a los padres de menores responsables. El monto se calcula según el costo exacto del despliegue policial, incluyendo combustible, vehículos, brigadas especializadas y horas de personal.
En Mar del Plata, una evacuación total en la Escuela Secundaria N° 18 del barrio de Don Bosco derivó en la identificación del autor de la falsa alarma. La investigación fiscal rastreó el número de línea utilizado en el llamado anónimo y localizó el domicilio del responsable. Los padres del menor debieron pagar aproximadamente 3 millones de pesos para solventar los gastos de seguridad, además de perder un beneficio social que disfrutaban.
En Santa Fe, la provincia que concentra la mayor cantidad de estos episodios, ya se identificaron a más de 70 responsables, menores en más del 90% de los casos. El Ministerio Público de la Acusación apunta directamente a los progenitores e inició las notificaciones de cobro. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, informó que la primera intimación dirigida a ambos progenitores alcanzó 6.024.944 pesos, cifra que replica el despliegue operativo detallado: combustible, utilización de vehículos, intervención de brigadas de explosivos y jornadas del personal involucrado.
Las notificaciones especifican el monto adeudado, los medios de pago disponibles y establecen un plazo de cinco días para cancelar. El gobierno santafesino aclaró que se trata de una indemnización civil, no de una multa ni una sanción penal. Sin embargo, el incumplimiento del pago habilita embargo de sueldos e inhibición de bienes de los deudores.
Junto con los cobros, los establecimientos educativos desarrollan protocolos de seguridad más estrictos: mochilas transparentes, prohibición de celulares y acceso restringido al ingreso de bolsos. También organizan jornadas de concientización sobre convivencia escolar. Los padres enfrentan la necesidad de abordar estos comportamientos en el ámbito doméstico para evitar las penalidades que les impone la justicia.