Santa Fe cobra 6 millones a padre por amenaza de tiroteo en escuela

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe implementó un mecanismo contundente para frenar la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: trasladar el costo total de los despliegues policiales a los padres o tutores de los menores responsables. La primera notificación oficial llegó esta semana cuando una familia recibió la orden de pagar 6.024.944 pesos por los gastos generados en las operaciones de seguridad.

Al enterarse del monto, el padre reaccionó con sorpresa. El video de ese momento, difundido por fuentes policiales, muestra al hombre firmando el acta mientras expresaba su asombro ante la cifra. El ministro Pablo Cococcioni aclaró en conferencia de prensa que no se trata de una multa convencional, sino de una deuda civil por resarcimiento del daño al erario público.

La normativa se ejecuta bajo el Código Civil y Comercial y habilita medidas como embargo de sueldos e inhibición de bienes. Cococcioni remarcó que "no es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos". La cifra exigida comprende combustible, movilidad, horas de servicio del personal y despliegue de brigadas especializadas, incluidas unidades de explosivos.

Desde el viernes pasado, el Gobierno provincial registró 65 amenazas de esta naturaleza, principalmente carteles violentos dejados en instalaciones escolares. Cada intervención implica un gasto estimado entre cinco y seis millones de pesos. La provincia otorgó un plazo de cinco días para que los responsables realicen el pago; vencido ese período, los antecedentes pasarán a la Fiscalía de Estado para iniciar el cobro judicial.

La base legal de esta política está en el Artículo 1754 del Código Civil y Comercial, que establece la responsabilidad solidaria de los padres por daños causados por sus hijos menores que conviven con ellos. Cococcioni confirmó que durante la jornada continuó el despacho de nuevas intimaciones a otras familias identificadas como responsables.

El Gobierno sostiene que esta estrategia busca desalentar una práctica que genera miedo e incertidumbre en la comunidad educativa y perjudica el desarrollo normal de las actividades escolares. La medida trasladará la responsabilidad económica a quienes tienen el deber de cuidado, propiciando una disuasión efectiva ante el uso indebido de fuerzas de seguridad en falsas alarmas que consumen recursos destinados a la prevención del delito en toda la provincia.