Trump acusa a Comey por un mensaje en Instagram que supuestamente incita a la violencia

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una nueva acusación formal contra James B. Comey, exdirector del FBI, en un caso que reaviva la larga confrontación política con el presidente Donald Trump. Un gran jurado federal en Carolina del Norte imputó a Comey en relación con una publicación en redes sociales del año pasado que generó controversia sobre una posible incitación a la violencia.

Según personas familiarizadas con la investigación, la acusación se origina en una imagen difundida por Comey en Instagram que mostraba conchas marinas acomodadas en una playa formando los números "86 47". La combinación desató un debate sobre su interpretación: Trump es el 47º presidente de Estados Unidos, mientras que "86" es una expresión coloquial que puede significar "deshacerse de" alguien, aunque en ciertos contextos se vincula con la idea de matar.

La publicación fue eliminada poco después de su difusión, tras críticas de sectores cercanos al gobierno. En ese momento, Comey aseguró que no percibía ninguna connotación violenta y que interpretó la formación como un "mensaje político". "No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con la violencia", escribió el exfuncionario, al tiempo que rechazó categóricamente cualquier forma de agresión.

La reacción en el entorno presidencial fue inmediata. Donald Trump Jr. acusó públicamente a Comey de "pedir el asesinato" de su padre, mientras que Trump afirmó que el exfuncionario "sabía exactamente lo que significaba". Las declaraciones escalaron el episodio e intervino el Servicio Secreto, que entrevistó a Comey tanto de forma telefónica como presencial para evaluar el alcance de la publicación.

Inicialmente, el Departamento de Justicia optó por no avanzar con cargos. Sin embargo, el caso fue reabierto en los últimos meses bajo presión política renovada. Esta acusación llega después de un intento anterior fracasado: en septiembre, Comey fue imputado por presuntamente mentir al Congreso respecto a su testimonio sobre la investigación del FBI sobre los vínculos entre la campaña de Trump en 2016 y Rusia. Un juez desestimó ese proceso al considerar que el nombramiento del fiscal a cargo no se ajustaba a la ley.

El trasfondo político es innegable. Trump reclamó durante años que Comey sea procesado, en una disputa que se remonta a 2017, cuando lo despidió de su cargo en medio de la investigación sobre la interferencia rusa. Desde entonces, el exdirector se convirtió en figura central de las críticas al mandatario y símbolo de la confrontación entre la Casa Blanca y sectores del aparato institucional.

La insistencia del Departamento de Justicia en avanzar con nuevas acusaciones, incluso después de reveses judiciales, alimenta las sospechas de quienes defienden a Comey. Sus partidarios sostienen que existe una motivación política detrás de los procesos. Expertos legales ajenos al caso también señalaron que probar una amenaza criminal basada únicamente en una publicación ambigua representa un desafío significativo ante los altos estándares que requiere la ley para este tipo de delitos.

El caso se inscribe en un contexto más amplio de investigaciones contra figuras vinculadas a indagaciones sobre Trump. Entre ellas figuran el exdirector de la CIA, John Brennan, y otras autoridades que participaron en pesquisas sobre la interferencia rusa y actualmente están bajo escrutinio.

Paralelamente surgieron controversias colaterales: Maurene Comey, hija del exdirector del FBI, fue despedida de su cargo como fiscal federal en Nueva York, donde trabajaba en casos de alto perfil como los de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. La exfiscal presentó una demanda contra el gobierno alegando que su salida respondió a represalias vinculadas a su padre.