Violencia escolar: protocolo y prevención ante amenazas en colegios

Un estudiante secundario de un colegio privado de Buenos Aires publicó en redes sociales la imagen de un arma sobre sus piernas con la leyenda "Voy a hacer un tirot". El establecimiento activó los protocolos de seguridad; el allanamiento al domicilio del menor no halló armamento, pero se dispuso que no asista a clase durante varios días por medidas de prevención.

El caso se enmarca en una escalada de amenazas que atraviesa las escuelas del país. El 30 de marzo, un adolescente de 15 años disparó en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, matando a un compañero e hiriendo a ocho personas. Investigaciones con herramientas tecnológicas y peritajes informáticos identificaron a un menor que colaboró en el ataque. Los indicios sugieren que el tirador formaba parte de la True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que agrupa a menores de 13 a 19 años fascinados por asesinos seriales históricos a quienes buscan imitar.

Desde entonces se registraron más de 100 denuncias por amenazas e intimidaciones en escuelas de todo el país, muchas con textos idénticos. Varias detenciones de menores siguieron a estas investigaciones. El fenómeno profundiza una crisis de salud mental en adolescentes que afecta la asistencia escolar: padres asustados evitan enviar a sus hijos a clase. La situación fue tratada en la última reunión del Consejo Federal de Educación.

Las respuestas de distintas jurisdicciones combinan estrategias preventivas y punitivas. El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires actualizó recientemente sus protocolos para amenazas, violencia o sospecha fundada de armas en instituciones públicas y privadas. Permite que cualquier miembro de la comunidad educativa reporte situaciones, priorizando el interés superior del menor. Cuando la amenaza proviene del exterior, se puede intervenir mediante orden judicial, allanamiento o secuestro del dispositivo.

La provincia de Buenos Aires también fortaleció criterios de actuación, enfatizando que las amenazas no deben tratarse como bromas sino como delitos. Las autoridades piden evitar viralizaciones para no generar pánico ni amplificar el efecto contagio, además de actuar con celeridad ante indicios de armas.

En Mar del Plata, el fiscal Fabián Fernández Garello informó que los padres de menores responsables de intimidaciones en la escuela Fray Mamerto Esquiú serán notificados para abonar resarcitorios. En Santa Fe también ordenaron que progenitores paguen costos de operativos policiales, que rondan los 5 a 6 millones de pesos, cuando las amenazas involucren a sus hijos.

El Ministerio de Seguridad monitorea comunidades digitales que difunden retos violentos y exaltan ataques. Mensajes virales sobre posibles masacres generan pánico, pero el acceso de menores a armas de fuego trasciende la responsabilidad escolar. Las medidas coordinadas incluyen intensificar controles, capacitar equipos escolares, responsabilizar a padres ausentes y asegurar investigación de delitos cibernéticos para contener esta epidemia de violencia.