Fondo soberano: la buena idea que puede convertirse en saqueo

La Argentina vuelve a enfrentar una oportunidad económica significativa. Vaca Muerta promete ingresos extraordinarios en divisas que podrían transformar el perfil fiscal del país si se administran con criterio. La propuesta de crear un fondo soberano, siguiendo modelos internacionales como los de Chile o Noruega, apunta en la dirección correcta: capturar esas rentas excepcionales, evitar que se diluyan en gasto corriente y destinarlas a objetivos de estabilización y desarrollo de largo plazo.

La idea es simple y potente. Pero en el país existe un antecedente que debería funcionar como advertencia. En 1993, la provincia de Santa Cruz recibió alrededor de 660 millones de dólares provenientes de regalías petroleras durante la gestión de Néstor Kirchner. Esos fondos salieron del país entre explicaciones cambiantes, promesas de inversión que nunca se materializaron con claridad y una opacidad que ni la política ni la Justicia lograron disipar completamente.

Durante años se ensayaron relatos sobre aquellos recursos. Se ofrecieron justificaciones, se administraron silencios. Nunca hubo una rendición de cuentas verificable y creíble. Jamás se explicó de manera concluyente dónde estuvieron los fondos, qué rendimiento generaron ni cuál fue su destino final. Lo que quedó claro, a través de procesos judiciales posteriores, es que la relación entre poder político y recursos públicos en ese período distó mucho de ser ejemplar.

Ese antecedente no es una mancha del pasado aislada. Es un manual de advertencias sobre cómo un instrumento de política económica puede transformarse en mecanismo de transferencia opaca de recursos. La creación de un fondo soberano no garantiza nada en sí misma. Puede ser una herramienta de desarrollo genuino u un sofisticado conducto hacia circuitos opacos. Todo depende de su diseño institucional.

Un fondo de esta naturaleza exige, como condición de existencia, una ley rigurosa que establezca reglas claras sobre el destino de los ingresos; límites estrictos a su utilización; mecanismos de control independientes y auditorías permanentes, públicas y verificables. Requiere, sobre todo, una trazabilidad absoluta de cada dólar ingresado y egresado. Sin esos recaudos, el fondo corre el riesgo de convertirse en lo que Argentina conoce demasiado bien: un recipiente donde el dinero entra con precisión contable y sale envuelto en la niebla.

La experiencia internacional es clara. Noruega no solo creó un fondo; creó instituciones capaces de resistir la tentación política. Chile no solo acumuló reservas; estableció reglas fiscales que limitaron su uso discrecional. Eso no es magia: es disciplina institucional y rendición de cuentas con dientes.

El país ha demostrado creatividad notable para convertir instrumentos virtuosos en oportunidades de abuso. Cada nueva caja, por sofisticada que sea su arquitectura, tiende a despertar el interés de actores que operan en la penumbra del poder, lejos de responsabilidad pública y cerca del beneficio privado. Crear un fondo sin blindarlo institucionalmente sería, en ese contexto, un acto de ingenuidad o algo peor: regalarle pólvora al enemigo.

El debate actual no debería centrarse en la conveniencia abstracta del fondo —que parece indiscutible—, sino en las condiciones concretas de su funcionamiento. La pregunta no es si el país debe tener un fondo. La pregunta es si es capaz de administrarlo sin repetir los errores del pasado. Argentina no necesita más instrumentos. Necesita instituciones. En materia de recursos extraordinarios, el problema nunca ha sido cómo generarlos. Ha sido siempre cómo evitar que desaparezcan.