La gratuidad universitaria la pagan otros: el debate sobre arancelamiento selectivo
Un análisis sobre cómo redistribuir el financiamiento de la educación superior pública entre quienes pueden contribuir.
La enseñanza universitaria en Argentina no es gratuita. La pagan otros a través de sus impuestos, incluyendo quienes adquieren productos básicos como arroz o leche. Ese es el punto de partida para un debate que cobra urgencia en el contexto del ajuste fiscal: si resulta equitativo sostener becas completas para estudiantes cuyas familias tienen ingresos suficientes mientras se reducen otras áreas del gasto público.
El Acuerdo de Mayo de 2024 plantea bajar el gasto estatal desde el 42% al 28% del producto bruto interno. En ese escenario de reducción de recursos, decisiones sobre subsidios universales adquieren relevancia política y moral. La cuestión es particularmente compleja porque la educación superior, aunque no sea una necesidad básica inmediata como la alimentación o la salud, incide directamente en la movilidad social.
Según una investigación de la Universidad Nacional de Hurlingham, el 37,3% de los estudiantes de universidades públicas argentinas pertenece a los dos quintiles de ingresos más altos. El tercer quintil representa otro 20,4%. Solo el 42,3% restante se ubica en los dos quintiles de menores ingresos. Estos números sugieren que una parte significativa de quienes acceden a educación superior pública proviene de hogares que podrían contribuir al financiamiento.
La propuesta de arancelamiento selectivo no es nueva ni ajena a democracias desarrolladas. Australia, Canadá, Irlanda, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Suiza aplican sistemas mixtos donde estudiantes con capacidad de pago aportan cuotas razonables. El constitucionalista Alberto Dalla Vía señala que la Constitución Nacional de 1994 menciona gratuidad y equidad como principios complementarios, no excluyentes. "La equidad se refiere a la justicia del caso concreto", afirmó, abriendo la puerta a interpretaciones que permitan contraprestaciones según la situación económica del estudiante.
Un cálculo hipotético muestra que si se arancelara solo para el 57,7% de estudiantes de ingresos más altos, manteniendo gratuidad para el 42,3% de menores recursos, la cuota mensual sería de $319.700. Esa cifra está por debajo del promedio que cobran universidades privadas argentinas, y permitiría conservar el aporte estatal de 4,87 billones de pesos previsto para 2026, o bien reducirlo significativamente.
La historia de la gratuidad universitaria en Argentina desafía ciertos mitos. No fue demanda de la Reforma Universitaria de 1918, sino una medida del Primer Plan Quinquenal de Perón en 1947, originalmente destinada a hijos de obreros y estudiantes en situación de carencia. Recién en 1949, tras enfrentar protestas estudiantiles, Perón decretó la gratuidad para todos. Desde entonces, cualquier revisión del sistema se tornó políticamente difícil.
El arancelamiento selectivo con becas, préstamos de honor y subsidios para quienes carecen de medios pero poseen capacidad académica es, según especialistas, la opción que reconcilia equidad, justicia y sostenibilidad fiscal. También podría garantizar la genuina autonomía y autarquía de la universidad pública que propone la Constitución Nacional, liberándola de la dependencia exclusiva de asignaciones presupuestarias sometidas a ciclos políticos.
El debate no debiera eludirse por temor al costo político. Reducir gasto público desde el 42% al 28% del PBI exige decisiones difíciles en múltiples áreas. La pregunta de fondo es si los impuestos de todos deben solventar servicios para quienes poseen ingresos propios suficientes, o si la solidaridad fiscal debe enfocarse en quienes realmente no pueden pagar.
