Retiran estudio de Barbacid sobre cáncer de páncreas por conflicto de intereses no declarado
La Academia de Ciencias de EE.UU. rechazó la publicación tras descubrir que el investigador español y sus colegas ocultaron su participación accionaria en la empresa que explotaría comercialmente los resultados.

La revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) retiró el estudio del químico Mariano Barbacid en el que anunciaba un tratamiento experimental contra el cáncer de páncreas tras detectar un conflicto de intereses relevante no declarado. Los editores de la publicación de la Academia Nacional de Ciencias estadounidense llevaban desde febrero analizando el caso y constataron que ni Barbacid ni sus colegas Carmen Guerra y Vasiliki Liaki informaron que son copropietarios de la empresa Vega Oncotargets, fundada para desarrollar nuevas terapias contra ese tipo de cáncer.
Barbacid dirige el grupo de Oncología Experimental en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Guerra es investigadora destacada de su grupo y Liaki, investigadora postdoctoral en el mismo equipo. El trabajo se publicó el 2 de diciembre de 2025 en PNAS tras ser rechazado previamente por la revista Nature. Como Barbacid es miembro de la Academia estadounidense, utilizó una vía rápida de publicación con revisión más laxa.
Los tres científicos poseen el 25% de Vega Oncotargets, cofundada por Barbacid y Guerra en 2024. El químico empresario Gerardo Gutiérrez y sus dos hijos controlan otro 25% a través de 3-Gutinver. La sociedad de inversiones Sodical de la Junta de Castilla y León posee 25%, la fundación CRIS contra el cáncer un 5,2%, el CNIO un 5% y la Fundación Hermanos Álvarez Quirós un 7,5%.
La Academia fue clara en su decisión. Aunque pudo haber permitido una nota aclaratoria sobre los conflictos, resolvió retirar el artículo de forma tajante. Los editores citaron que Barbacid, como académico de la NAS, debió presentar su trabajo como envío directo si tenía conflictos de intereses que pudieran influir significativamente en su objetividad o crear ventajas competitivas injustas. La política editorial establece esta exigencia explícitamente para miembros de la institución.
Carmen Guerra reconoció por teléfono que cometieron un error al remitir el trabajo sin declarar los vínculos empresariales. Según la investigadora, ya han reenviado el estudio a la misma revista reconociendo la vinculación con Vega Oncotargets para intentar publicarlo nuevamente. Barbacid no respondió a intentos de contacto.
Horas después de conocerse la retracción, Guadalupe Sánchez, abogada que también representa al rey emérito Juan Carlos de Borbón, emitió un comunicado en redes sociales en nombre de Barbacid. Aseguró que al científico se le "olvidó mencionar los vínculos con Vega Oncotargets sin que existiese mala fe ni voluntad alguna de ocultación". El texto también destacó que todos los fondos recaudados a través de una campaña de Bizum para la "Triple Terapia" serán dedicados exclusivamente a generar nuevos inhibidores para pacientes con cáncer de páncreas en los próximos dos o tres años.
La campaña organizada por la fundación CRIS contra el Cáncer había recaudado ya casi 3,7 millones de euros apoyándose en la investigación ahora retirada. El estudio original describía 45 ratones curados del cáncer de páncreas, uno de los tumores de peor pronóstico.
El anuncio generó repercusión internacional desproporcionada. El diario The Times of India, uno de los más leídos del planeta, tituló: "Un científico español descubre la cura del cáncer de páncreas". La entrevista de Barbacid en el programa televisivo El Hormiguero, conducido por Pablo Motos, se promocionó en YouTube como "La cura contra el cáncer de páncreas. ¡Descubrimiento histórico!".
Los tres científicos también podrían haber violado el código ético del CNIO, entidad pública dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Este código establece que todos los conflictos de intereses deben divulgarse antes o en el momento de presentación de una publicación. El organismo puede requerir consultas a financiadores, editores de revistas o administradores de propiedad intelectual en caso de incumplimiento.


