Vicuña enfrenta bloqueos de rutas y disputas por electricidad antes de iniciar construcción

El proyecto Vicuña, respaldado por Lundin Mining y BHP, enfrenta dos frentes de conflicto que amenazan con demorar el inicio de obras previsto para 2027. La Rioja bloqueó acceso a rutas provinciales mientras cuestiona límites interprovinciales, y una disputa abierta sobre infraestructura eléctrica pone en tensión a actores locales y provinciales. La Justicia de San Juan otorgó una medida cautelar que por ahora garantiza la continuidad operativa del emprendimiento.

El megaproyecto de cobre representa la inversión extranjera más grande anunciada en Argentina en décadas. Lundin y BHP prevén desembolsar US$7100 millones en los próximos tres años para construir una mina a más de 4200 metros de altura en territorio sanjuanino. Si avanza según lo planificado, la inversión total alcanzaría US$18.000 millones en la próxima década, convirtiéndose en una de las cinco mayores minas mundiales en cobre, oro y plata, con exportaciones anuales estimadas en US$6000 millones.

El conflicto con La Rioja comenzó en abril cuando la Fiscalía de Estado riojana suspendió por 30 días las actividades del proyecto en territorio provincial y bloqueó el tránsito de maquinaria por Guandacol. La ruta afectada es el acceso alternativo que Vicuña utiliza actualmente para llegar a los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, mientras se licita y construye la ruta principal que discurrirá íntegramente por San Juan. La empresa financia el mantenimiento de ese camino riojano con fondos propios.

El gobernador Ricardo Quintela argumenta que la empresa debe presentar un estudio de impacto ambiental ante La Rioja por el uso de infraestructura provincial. Aunque Vicuña ya cuenta con aprobación de San Juan, Quintela escaló la disputa: cuestionó la validez de acuerdos limítrofes vigentes desde 1968, suscritos durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, y planteó que parte del yacimiento Filo del Sol debería pertenecer a La Rioja. Esta postura genera malestar en Guandacol, donde proveedores locales —desde comerciantes hasta contratistas que mantienen las rutas financiadas por Vicuña— exigen que el gobernador dé marcha atrás.

La Justicia sanjuanina intervino rápidamente. Un juzgado multifuero otorgó una cautelar que impide a terceros obstruir o suspender operaciones del proyecto, salvo autoridades de San Juan. Mientras se resuelve el conflicto, Vicuña continúa usando una ruta alternativa íntegramente sanjuanina, aunque en condiciones más lentas. El equipo legal de la empresa busca restablecer el paso por La Rioja.

El segundo obstáculo es técnico pero igualmente delicado. Para operar a plena capacidad, Vicuña necesita ampliar la línea eléctrica de 500 kv que abastece la zona. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad convocó una audiencia pública para una segunda etapa que implicaría invertir entre US$400 millones y US$500 millones en 220 kilómetros de nuevas líneas.

El proyecto Los Azules, otro emprendimiento cuprífero más rezagado en la misma región, pretende compartir esa infraestructura. Sin embargo, carece de capital comprometido y declaración de impacto ambiental aprobada. Vicuña reclama acceso prioritario al 90% de la capacidad que ella misma financia. Pero el gobierno sanjuanino y otros sectores objetan que la empresa capture capacidad de una línea construida con fondos provinciales que hoy pagan los ciudadanos locales.

El esquema en juego replica la estrategia que el Gobierno nacional impulsa para destrabar el déficit histórico de infraestructura eléctrica: que privados financien ampliaciones en cambio de acceso garantizado. Para Vicuña, alcanzar previsibilidad regulatoria es clave. Sin ella, el riesgo de que inversores demoren o reconsideren compromisos de capital aumenta significativamente.